España sigue sacrificando la inversión pública en sus deficitarias cuentas, mientras no deja de aumentar su gasto estructural en apartados como los sueldos o los costes ordinarios de funcionamiento de sus servicios públicos y aparatos burocráticos. Tras más de cinco años de crecimiento económico, las administraciones públicas españolas mantienen aletargada la obra pública. El año pasado, el presupuesto que nuestro país dedicó a licitación oficial representó solo el 0,72% del PIB. La Administración no invierte en obra pública ni el 2% de todo lo que gasta. En 2018, el presupuesto de la licitación oficial supuso el 1,75% del gasto público no financiero -que es todo el gasto público, sin contar amortizaciones de deuda.
